Desde el 1 de enero de 2025, el sector inmobiliario francés entra en una nueva era. Los cambios van más allá de una simple revisión de las reglas anteriores. Reflejan una voluntad política de reforzar los requisitos ecológicos y de adaptar el marco fiscal a un contexto económico incierto. La prohibición de alquilar viviendas clasificadas energéticamente como G, por ejemplo, encarna esta prioridad dada a la transición energética. Al mismo tiempo, importantes cambios fiscales, como el final del dispositivo Pinel o la prórroga del Préstamo a Tipo Cero, redefinen los incentivos para los inversores y los hogares. Finalmente, la renovación de la "ley anti-Airbnb" y la estabilidad de los honorarios notariales completan este panorama de reformas, donde cada medida moldea el delicado equilibrio entre las expectativas de los propietarios, las necesidades de los inquilinos y las imperativos medioambientales. Estos ajustes, lejos de ser anecdóticos, anuncian una transformación profunda del mercado inmobiliario.
