Las decisiones judiciales relacionadas con las criptomonedas juegan un papel clave en la evolución de la regulación del sector. De hecho, cuando se trata de fondos robados, la cuestión se vuelve aún más sensible, ya que enfrenta el principio de confiscación con el de restitución a las víctimas. El caso del hackeo de Bitfinex en 2016, uno de los mayores robos de bitcoins de la historia, cristaliza estas tensiones. Tras la incautación de 94,643 BTC por las autoridades estadounidenses, la justicia se pregunta sobre la conveniencia de restituirlos a Bitfinex. Una decisión así podría crear un importante precedente jurídico, lo que influiría en la gestión futura de las criptomonedas incautadas por los tribunales.