Estudio alerta sobre las consecuencias ambientales de prohibir Bitcoin

A medida que la lucha contra el cambio climático ocupa el centro de las preocupaciones globales, algunos gobiernos están considerando prohibir la minería de Bitcoin, un proceso que consume mucha energía y a menudo es criticado por su impacto ambiental. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por el grupo de investigación Exponential Science revela una paradoja que podría sorprender a más de un legislador: prohibir la minería de Bitcoin podría aumentar las emisiones de carbono, y por lo tanto ir en contra de los objetivos climáticos. Este estudio, titulado Las consecuencias de carbono inesperadas de las prohibiciones de minería de Bitcoin: una paradoja en la política ambiental, arroja más luz sobre los efectos de desplazamiento potenciales provocados por estas prohibiciones.

Las consecuencias paradójicas de las prohibiciones de minería de Bitcoin

Según los investigadores de Exponential Science, las prohibiciones de minería de Bitcoin pueden producir efectos paradójicos y llevar a los mineros a migrar hacia regiones donde la energía es más carbonizada. « Una prohibición en Estados Unidos o en Europa podría en realidad exacerbar las emisiones globales de carbono, ya que los mineros se desplazarían a países que dependen de los combustibles fósiles » explica Juan Ignacio Ibañez, colaborador del estudio. Para ilustrar esta situación, el estudio indica que una prohibición de minería en países como Noruega, que utiliza mayoritariamente fuentes de energía renovable, empujaría a los mineros a reubicarse en países como Kazajistán, donde la electricidad se genera mayoritariamente a partir de plantas de carbón.

El estudio también demostró que este desplazamiento de mineros podría resultar en un aumento neto de las emisiones globales. Según sus cálculos, una prohibición de la minería en Europa podría aumentar las emisiones globales de la blockchain de Bitcoin en varios puntos porcentuales, ya que los mineros se dirigirían a regiones con regulaciones ecológicas menos estrictas. Por el contrario, una prohibición en un país como Kazajistán, que depende en gran medida de los combustibles fósiles, podría contribuir a reducir significativamente las emisiones de carbono asociadas con la red de Bitcoin, con una reducción estimada del 7,63 % en las emisiones anuales globales.

Una eficacia dispar según las regiones

Las conclusiones del estudio también muestran que el impacto de una prohibición puede variar dentro de los mismos países, dependiendo de la región. En Estados Unidos, por ejemplo, una prohibición de minería en California, donde las fuentes de energía renovable son importantes, tendría un impacto perjudicial y empujaría a los mineros hacia estados donde la mezcla energética es menos verde. En cambio, una prohibición en estados como Kentucky o Georgia, donde la dependencia del carbón es más fuerte, podría contribuir efectivamente a reducir las emisiones globales de la red de Bitcoin, según los modelos de Exponential Science.

Un ejemplo evidente es el de China, donde la minería de Bitcoin fue oficialmente prohibida en 2021. Según los investigadores, esta prohibición ha llevado a algunos mineros a continuar sus operaciones de manera clandestina, especialmente en provincias como Xinjiang. Sin embargo, si todas las actividades de minería cesaran en esta provincia, resultaría en una reducción de casi el 6,9 % de las emisiones globales. Los investigadores destacan así la necesidad de una regulación informada por datos científicos para evitar que prohibiciones demasiado amplias resulten en consecuencias contrarias a los objetivos climáticos.

Frente a la emergencia climática, este estudio de Exponential Science subraya la importancia de un enfoque matizado en las políticas de regulación de la minería de Bitcoin. Como recuerda Nikhil Vadgama, cofundador de Exponential Science, « las tecnologías emergentes como la blockchain son sistemas complejos, y prohibiciones mal diseñadas pueden generar efectos mariposa con consecuencias inesperadas ». Para los gobiernos, esto significa que no basta con prohibir actividades que consumen mucha energía como la minería, sino que también hay que evaluar los efectos de desplazamiento y los impactos ambientales que pueden derivarse.