Estados Unidos debe decidir el destino de 94 643 BTC incautados

Las decisiones judiciales que afectan a las criptomonedas desempeñan un papel clave en la evolución de la regulación del sector. De hecho, cuando se trata de fondos robados, la cuestión se vuelve aún más sensible, ya que enfrenta el principio de confiscación con el de restitución a las víctimas. El caso del hackeo de Bitfinex en 2016, uno de los mayores robos de bitcoins en la historia, cristaliza estas tensiones. Tras la incautación de 94,643 BTC por las autoridades estadounidenses, la justicia se pregunta sobre la conveniencia de devolverlos a Bitfinex. Una decisión de este tipo podría crear un precedente legal importante, lo que influiría en la gestión futura de las criptomonedas incautadas por los tribunales.

Las incertidumbres en torno a la restitución de fondos

El 28 de enero de 2025, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, de la corte del distrito sur de Nueva York, exigió al gobierno estadounidense que precisara su posición sobre la restitución de los bitcoins incautados a Bitfinex. En su orden, cuestiona la legitimidad de tal transferencia, y se interroga tanto sobre la propiedad legal de los fondos como sobre las consecuencias de una restitución sobre el orden de confiscación. Ella precisa que una decisión de este tipo podría ser cuestionable, ya que «reduciría la cantidad de la confiscación ordenada».

Este caso se remonta al hackeo de Bitfinex en 2016, uno de los robos de criptomonedas más importantes de la época, con 119,754 BTC sustraídos. Después de varios años de investigación, las autoridades estadounidenses arrestaron en 2022 a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, alias «Razzlekhan», por lavado de fondos derivados de este hackeo. Lichtenstein reconoció ser el responsable del hackeo, mientras que Morgan, conocida por sus actividades artísticas y sus videos en redes sociales, desempeñó un papel clave en la ocultación de los activos robados. En 2023, la pareja se declaró culpable antes de ser condenada a cinco años y 18 meses de prisión. A pesar de estas condenas, el uso de los bitcoins incautados sigue siendo una cuestión pendiente, lo que alimenta un debate legal con grandes implicaciones para el futuro de las criptomonedas confiscadas por la justicia.

Las implicaciones legales y económicas de tal decisión

Este caso plantea una cuestión fundamental: ¿deben las criptomonedas incautadas por la justicia ser restituidas a las víctimas o integradas al patrimonio del Estado? Según un documento judicial de octubre de 2024, Bitfinex podría ser el único actor autorizado para reclamar estos fondos, lo que justificaría la solicitud de restitución. Sin embargo, ciertas decisiones judiciales anteriores han considerado que tal proceso podría contradecir los principios de confiscación. De hecho, una restitución directa podría percibirse como una reducción de la cantidad legalmente confiscada, lo que pondría en duda la lógica punitiva y disuasoria aplicada a los bienes derivados de actividades criminales.

Otro desafío es la gestión de los bitcoins incautados. En Estados Unidos, las autoridades han vendido a menudo criptomonedas confiscadas en subastas. Así, inyectan estos fondos en el tesoro público. Una liquidación masiva de los 94,643 BTC derivados del caso Bitfinex podría influir en el mercado y aumentar la volatilidad del precio del bitcoin. Por el contrario, una restitución directa a Bitfinex implicaría definir modalidades precisas de redistribución, especialmente hacia los usuarios afectados por el hackeo de 2016. Esta opción plantea desafíos técnicos y jurídicos, especialmente sobre la trazabilidad de los fondos y su distribución entre las víctimas iniciales.

El gobierno estadounidense debe presentar su respuesta antes del 4 de febrero de 2025, una decisión que podría establecer un precedente legal importante. Si se valida la restitución, se reforzaría la confianza de los inversores y usuarios en la capacidad de los intercambios para recuperar los fondos robados en caso de hackeo. Por el contrario, un rechazo podría establecer un marco legal más estricto, lo que reduciría las perspectivas de recuperación para las plataformas víctimas de ciberataques. En un contexto donde las criptomonedas continúan imponiéndose en la economía mundial, este caso podría redefinir la forma en que se tratan estos activos incautados por los tribunales.

Este caso revela la ausencia de marcos regulatorios claros sobre la gestión de las criptomonedas incautadas por la justicia. Hoy en día, la incertidumbre legal alimenta interpretaciones divergentes sobre la propiedad legítima de los bitcoins confiscados y su restitución a las víctimas. Además, con el auge de las criptomonedas en la economía global, los tribunales tendrán que encontrar un equilibrio entre la aplicación de las reglas tradicionales de confiscación y la consideración de las especificidades de un ecosistema descentralizado. La decisión esperada sobre el caso Bitfinex podría así redefinir la manera en que las jurisdicciones tratan los activos incautados, lo que influiría en los futuros casos relacionados con la delincuencia en criptomonedas.