Contribución territorial universal : ¿Nuevo impuesto para todos?

En 2023, la supresión del impuesto sobre la vivienda en las residencias principales había aliviado la carga de muchos hogares, pero esta medida también ha cavado un agujero financiero de casi 20 mil millones de euros en las arcas de las colectividades. Hoy, enfrentándose a déficits presupuestarios importantes y a un aumento del impuesto sobre la propiedad que ya no es suficiente, el gobierno está considerando una «contribución territorial universal» (CTU). Apoyada por ciertas figuras políticas, esta medida tendría como objetivo reequilibrar los recursos locales a través de la contribución de los propietarios, pero también de los inquilinos.

La propuesta de una contribución territorial universal para compensar un déficit

La supresión del impuesto sobre la vivienda en las residencias principales se ha percibido como una victoria para los hogares franceses. Sin embargo, la Asociación de Alcaldes de Francia subraya que esta decisión ha privado a las colectividades locales de una fuente esencial de financiamiento. «Incluso con un aumento del 33 % del impuesto sobre la propiedad en diez años, no logramos compensar esta falta», señala la asociación. Este aumento del impuesto sobre la propiedad, que a veces alcanza proporciones vertiginosas en ciertas comunas, no ha sido suficiente para compensar los 20 mil millones de euros anuales de ingresos perdidos. La situación presupuestaria se vuelve crítica para las colectividades locales, que también enfrentan una reducción adicional de cinco mil millones de euros en su presupuesto en 2025.

Para hacer frente a esta crisis de financiamiento, Catherine Vautrin, ministra de la Asociación con los territorios, ha introducido la idea de una contribución territorial universal. Según ella, es imperativo devolver a las colectividades un palanca financiera que les permita satisfacer las necesidades de sus territorios. «Las colectividades deben recuperar el poder de actuar y un mejor control de sus ingresos», indica su gabinete, que así transmite una voluntad de restablecer cierta autonomía fiscal. Para el gobierno, la CTU podría ser un medio de paliar el déficit y de reintroducir, de manera disfrazada, una forma de impuesto sobre la vivienda.

Un impuesto universal controvertido, entre apoyo y críticas

Contrario al antiguo impuesto sobre la vivienda, la CTU sería «universal» y afectaría no solo a los propietarios, sino también a los inquilinos, lo que hace que la contribución a las infraestructuras y servicios locales sea más equitativa. André Laignel, alcalde de Issoudun y defensor de la medida, considera que esta nueva contribución podría ser moderada para los hogares modestos. «El monto podría representar solo algunos euros al mes para los hogares de bajos ingresos», afirma. Añade que podría ser factible introducir una deducción del impuesto sobre la renta para evitar crear una sobrecarga fiscal. Según él, este enfoque permitiría reanudar un vínculo fuerte entre el ciudadano y su colectividad, para hacer visible su contribución a los servicios públicos locales.

No obstante, esta iniciativa suscita una fuerte oposición, en particular de Éric Woerth, exministro de Economía, quien no duda en expresar su desacuerdo. «Es bastante insoportable escuchar a quienes han llevado a Francia a la quiebra decirnos cómo salir de ella gravando a las colectividades», critica. Además, denuncia lo que percibe como una presión fiscal adicional disfrazada. Para los opositores, la CTU podría aumentar la carga financiera sobre los hogares, sin garantizar eficazmente una gestión de los fondos recaudados. Por tanto, los debates en torno a esta contribución están lejos de haber terminado y deberían alimentar las discusiones políticas en los meses venideros.

La propuesta de la CTU suscita tanto apoyos como críticas. Si algunos la ven como una solución viable para estabilizar las finanzas de las colectividades, otros denuncian un intento de devolver el impuesto sobre la vivienda por otro medio. El futuro de esta propuesta sigue siendo incierto, y podría convertirse en un punto central del debate fiscal en Francia, cuya economía está amenazada por un aumento fiscal sin precedentes, lo que refleja las tensiones entre las imperativas presupuestarias y la aceptabilidad social de la tributación.